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La última medida sanitaria contra el consumo de tabaco fue una brutal subida del precio del paquete de las marcas más consumidas, que fijaba en 1025 euros el importe de la cajetilla. El precio se eleva ya hasta algo más de 51, 25 euros por pitillo.
El resto de marcas también subió entre un 45 y un 70%. Esto sumado a la prohibición de fumar en cualquier recinto cerrado y en gran parte de los espacios abiertos fue el detonante de los sucesos que han provocado que el gobierno, hace unas horas, haya declarado el estado de sitio.
Las reacciones fueron las que todos los medios anunciaban, los incidentes en Gibraltar, donde cientos de miles de personas saquearon almacenes que custodiaban cajas de tabaco, fueron aprovechados por grupos radicales antisistema para intentar ocupar el peñón y derrocar su gobeirno. Almacenes de Tabacalera e instalaciones de Altadis por todo el país sufrieron largas jornadas de asedio ciudadano y actos de vandalismo.
El elevado precio del tabaco ya había creado una población tan numerosa de nuevos drogadictos desesperados que el ejército tuvo que tomar posiciones en los estancos para impedir saqueos y disturbios, las empresas de seguridad privada se vieron completamente desbordadas.
Asociaciones de vecinos de todo el país se manifestaron ayer para protestar por la cercanía de los estancos a viviendas y colegios y pidieron su desmantelamiento.
Varios de estos establecimientos fueron incendiados en las principales capitales españolas desencadenando altercados en zonas colindantes que movilizaron vehículos y efectivos antidisturbios que tuvieron que trabajar duro hasta altas horas de la madrugada en un intento vano de tomar el control de las calles.
Pero para entender este caos, sin aparente solución, hay que retroceder hasta la decisión tomada por el gobierno central, hace apenas 40 días, de ilegalizar la tenencia y cultivo de la planta de tabaco al margen de la oficina estatal de control de venenos en instalaciones no autorizadas.
Este movimiento del ejecutivo, aplaudido por algunos sectores no fumadores de la población, obedece a la proliferación de plantaciones domésticas de tabaco debido al elevado precio del cigarro industrial que todos conocemos.
Una nueva huelga de controladores, aprovechando los viajes de miles de ciudadanos con destino a países donde poder comprar y consumir tabaco, elevó el estado de sitio a estado de”al-suelo-o-le-vuelo-la-cabeza”. Algunos ciudadanos indignados pidieron el fusilamiento cautelar de los controladores desde aeropuertos de Afganistán y otros países asiáticos, donde a estas horas aún se encuentran atrapados.
Los Niconarcos, movimiento que tiene su origen en asociaciones naturalistas independientes, movimientos ecologistas y la Federación de Fumadores por la Anarquía (FFA), fueron los pioneros en la fabricación y distribución gratuita de cigarros artesanales, producidos sin más ingrediente que la hoja de tabaco.
Pero no tardaron en aparecer ramificaciones de estos fabricantes ilegales, reconvertidos en bandas, que se escondían tras los denominados “clubs de fumadores”. Comercializaron todo tipo de derivados áltamente tóxicos, como bolsas de humo de cigarrillos ya fumados por otras personas, cigarros ecológicos de salfumán de rosas y los letales aceites de esencia de cenicero para uso intravenoso, entre otros.
El ministerio de sanidad, ahora denominado gabinete de emergencias toxicológicas anunció en rueda de prensa que, además de una drástica bajada del salario mínimo interprofesional que pondrá freno a la proliferación de plantaciones ilegales de tabaco en el ámbito doméstico, la compra de cien millones de vacunas de Fumaflú a un conocido laboratorio y que será administrada a la población durante las próximas semanas.
